Publicado en la Silla Vacía el 28 de Julio de 2011
Muchos hemos vivido de cerca algún aborto, menos dramático y sin las repercusiones mediáticas del de Florence Thomas, quien defiende la despenalización total de esta práctica y debe estar definiendo estrategia para el debate que viene. Las mujeres enfrentadas a un embarazo inoportuno, pero también todos los hombres que tuvimos algún descache, estamos en deuda con ella. Su lucha no se ha conformado con las condiciones –atípicas, y excepcionales- consideradas necesarias por la jurisprudencia colombiana para que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no sea clandestina.
Los argumentos de Florence y sus compañeras de lucha requieren algunas precisiones. La primera tiene que ver con el número de abortos al año. Sin sustento, y a pesar de la dificultad para contabilizar cualquier actividad clandestina, la cifra de 350 mil ha hecho carrera como verdad de a puño. El estudio más serio sobre el tema, El Aborto Inducido en Colombia, fue realizado a principios de los años noventa en el Externado. A partir de una encuesta a más de 33 mil mujeres, se encontró que el 23% de ellas había tenido alguna IVE. El total de abortos inducidos por cada cien embarazos era entonces del 12%.
En la actualidad estos porcentajes serían menores, pues el uso de anticonceptivos se ha incrementado. Aún con esas cifras, hoy por hoy, el número de abortos al año en el país apenas superaría los 100 mil. En efecto, en la actualidad hay un poco menos de 900 mil nacimientos al año. Si fuera cierta la cifra de IVEs más popular, uno de cada tres embarazos en Colombia terminaría en aborto, un dato que haría sonreír a cualquier ginecólogo. Suponiendo que la proporción de abortos sobre embarazos ha permanecido constante, se tendrían unos 108 mil abortos al año. Con la extensión de la contracepción, estos cien mil serían una cuota máxima. Al comparar a Colombia con otros países este estimativo es más plausible que el tercio de millón. De aceptar esta cifra, esta práctica estaría casi tan extendida en el país como lo está la IVE legalizada en la antigua cortina de hierro. El estimativo de 100 mil ya nos pone en rangos verosímiles.
Otra vía, más actualizada pero más imprecisa, para estimar el número de IVEs es la encuesta de sexualidad hecha en el 2008. De nuevo, se llega a una cifra que ronda más los 100 que los 300 mil. El 14% de las mujeres que respondieron la encuesta -sin grandes variaciones por edades- reportan haber abortado alguna vez. Este porcentaje está bien por debajo del "44% de menores de 20 años (que) se ha practicado al menos un aborto" que se señala a la carrera sin especificar con qué población o en qué lugar se estimó tal cifra.
En la actualidad habría en el país un poco más de 2.5 millones mujeres que han abortado. Pero esto no ha ocurrido en ocho años sino en el último medio siglo. Con el dato del número de abortantes por rangos de edad se puede estimar que los abortos que ocurren hoy, según esta encuesta, serían unos 160 mil al año.
Si la incidencia se exagera, las características de quienes abortan se dramatiza. Se menciona que las principales víctimas de la clandestinidad son las jóvenes de bajos ingresos. Sólo las niñas ricas, se dice, pueden solucionar su problema. El estudio referido no concuerda con esta visión. Aunque las jóvenes de bajos recursos tienen más embarazos, pues no siempre usan anticonceptivos, el riesgo de aborto es menor pues aceptan más que la gravidez termine en nacimiento. Son las mujeres de clase media y alta las menos tolerantes al embarazo indeseado.
La asociación apresurada entre la ilegalidad del aborto y la altísima tasa de embarazo adolescente tampoco convence. A veces queda la impresión de que la legalización sería la única manera de afrontar ese fenómeno. Se ignoran los testimonios de jovencitas enamoradas a quienes no sólo no les interesa interrumpir su embarazo sino que lo buscaron afanosamente. Ya en los años noventa, el aborto era más un asunto de mujeres vinculadas al mercado laboral que de adolescentes desempleadas que abandonaron la escuela.
No siempre la IVE es una salida al embarazo precoz o por fuera del matrimonio. A veces se trata más de “una práctica extrema para controlar un número de hijos ya establecido”. Además, es en los estratos bajos en donde los abortos ocurren entre el tercero, cuarto o quinto embarazo. Y es en las clases altas en donde más se da “la utilización del recurso al aborto para posponer la iniciación de la vida reproductiva”.
A diferencia de Florence, quien después de su experiencia supo que “no volvería a abortar nunca más”, sorprende que la ilegalidad del aborto no disuade a las colombianas sino que es algo que desde hace mucho parecen asimilar. “El riesgo de abortar se incrementa con el número de abortos. Una vez que ha ocurrido el primero, es cada vez más probable pasar al segundo y de este al tercero”. Es como una especie de síndrome de Sanandresito: se asimila la ilegalidad.
Sólo con este dato de reincidencia, que desafía la idea de que todo ocurre en condiciones sanitarias deplorables, surge la curiosidad por averiguar en serio cuantos son los abortos clandestinos que están ocurriendo en el trasfondo de los mataderos municipales, cuantos con sondas y agujas de tejer, cuantos con métodos modernos en consultorios de ginecólogos discretos y liberales, e incluso cuantos en la habitación de la sorprendida.
