Por Mauricio Rubio *
RESUMEN
Por
varios años, sin ninguna justificación y contra toda la evidencia disponible,
se ha afirmado que en Colombia se practican 400 mil abortos clandestinos
anuales. En este trabajo se busca contrastar la validez de este estimativo. En
la primera sección se hace una repaso, basado en información de los medios de
comunicación, de lo que pudo ser la fuente original de esta cifra. En la
segunda sección se muestra que ese apresurado cálculo es inconsistente con un
estudio riguroso sobre el aborto inducido hecho en 1992. En la tercera se
muestran diferentes fuentes independientes de información que también
contradicen esa magnitud. Haciendo una comparación con un problema corriente en
la criminología, en la cuarta sección se exponen las dificultades inherentes a
la estimación del volumen de las actividades ilegales y se critica una de las
metodologías propuestas para hacerlo. Por último, se hacen algunos estimativos
del rango del número de abortos anuales a partir de las Encuestas Nacionales de
Demografía y Salud.
ABSTRACT
For
several years, without any justification and against all available evidence, it
has been said that in Colombia 400,000 clandestine abortions are performed each
year. This paper seeks to test the validity of this number. The first section
provides an overview, based on information from the media, of what could have been
the original source of this figure. The second section shows that this hasty
calculation is inconsistent with a rigorous study of induced abortion made in
1992. In the third section different independent sources of information that
contradict the estimates are also shown. Making a comparison with a common
problem in criminology, in the fourth section the difficulties inherent in
estimating the magnitude of illegal activities are exposed and a proposed
methodologies for doing so is criticized. Finally, some estimates are made for
the range of the number of annual abortions based on different versions of a
very reliable Demographic and Health Survey done every five years from 1990.
Una fábula que se propagó
y reforzó, como en Macondo
Un buen cuento puede ayudar a entender
enigmas reales, que no se sabe de dónde surgieron pero que perduran resistiendo
el escrutinio y la crítica.
La historia de Gabriel García
Márquez que empieza con el augurio de una mujer que se convierte en una profecía
aceptada y reforzada por quienes la oyen hasta que por fin se cumple, se
asemeja a lo ocurrido con el conteo de abortos clandestinos. Hace unas décadas alguien,
en algún Macondo, se inventó una cifra inverosímil para el número de abortos
clandestinos en el mundo. Al igual que en el cuento, sin ninguna evidencia a
favor y varios indicios en contra, la increíble cifra fue adoptada y
progresivamente certificada por expertos, periodistas y activistas que acabaron
convirtiéndola en verdad inmutable, en una impronta tan arraigada que todos los
esfuerzos posteriores para estimar un número que nadie ha conocido nunca con
certeza se convirtieron en un mero trámite ritual para confirmarla.
Las principales sospechas sobre
la autoría del acertijo inicial, después desmenuzado, deformado y amplificado, recaen
sobre la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se ha vuelto común que la burocracia
internacional calcule el agregado de muchísimas incógnitas -todas las del
mundo- incluso de aquellas que no se pueden estimar separadamente en ningún
país o ciudad. Sin hacer explícitas las monumentales dificultades inherentes a
esa tarea, suman para el planeta magnitudes ilegales o clandestinas que nadie
conoce para una población o barrio, ni siquiera para un hogar. A cualquier
persona medianamente informada, curiosa y observadora, le resulta difícil saber
con certeza lo que ocurre en las llamadas “ollas” -las ventas de droga al
menudeo- o los burdeles camuflados con distintas fachadas en su vecindario. A
duras penas podrá saber cuantos puntos de venta operan, pero cualquier cálculo
de la actividad comercial será pura especulación. A pesar de esa alta e
insuperable incertidumbre para la unidad básica de observación, los burócratas
internacionales y algunos académicos no tienen reparo en proponer -con
supuestos y procedimientos rara vez explícitos y basados en metodologías
confusas e imposibles de replicar- estimativos del volumen global de ventas de
droga, el número de prostitutas que ofrecen sus servicios en el mundo, el
dinero que perciben o el porcentaje de ellas que fueron forzadas a ejercer su
oficio.
Esta dinámica no ha sido ajena a
los abortos clandestinos. Son comunes los testimonios de mujeres que han
abortado sin siquiera contarle a su parejo, a su familia cercana o a sus
amistades. “Yo tenía una amiga a la que le contaba todo pero de esto no. Yo no
podía comentarlo con nadie… Yo nunca había hablado de esto, nunca, nunca, ni
capaz de contárselo al médico, yo nunca, jamás, en mi historia clínica jamás
aparece” [1].
El mismo silencio y afán por no dejar huellas de una actividad ilegal se
observa entre quienes practican las interrupciones: su principal preocupación
es no dejar trazas [2].
Salvo las personas detenidas o
las pruebas incautadas en los pocos allanamientos que hace la policía, o en las
aún más escasas ocasiones en las que la operación termina con la muerte de la
mujer, prácticamente de la totalidad de los abortos clandestinos no queda
ningún rastro o vestigio. A finales de los años noventa, antes de hacer una
encuesta en tres barrios bogotanos en los que se observaba una alta mortalidad
materna, se señalaba que “tener cifras específicas de cuántos se practican en
Bogotá resulta casi imposible… no se sabe qué tipo de aborto es provocado o no…
(los datos) no son confiables por tratarse de un práctica ilegal” [3].
A pesar de esos impedimentos
insalvables para saber lo que ocurre a nivel desagregado, a finales de los
ochenta comenzaron a circular en publicaciones de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) estimativos de millones de abortos clandestinos en el planeta. “De
acuerdo con un informe de 1987 en el mundo cada año se practican entre 40 y 60
millones de abortos” [4]. Estos
arriesgados cálculos se emprendieron a pesar de que unos años antes un grupo
científico convocado por la misma OMS implícitamente recomendaba no hacerlos,
ni siquiera para un país, dadas las dificultades de información de una
actividad no legal [5]. En 1992,
otro informe técnico de la OMS reconocía que “es casi imposible estimar con
precisión las tasas de aborto” [6].
No parece simple coincidencia que
justo después de la divulgación de estas millonarias cifras mundiales empezaran
a aparecer en los medios colombianos estimativos igualmente aventurados. “Cada
año en Colombia se practican más de 250 mil abortos en madres menores de 19
años” declaró en 1992 el ministro de salud al instalar un seminario [7].
Pocos meses después, el número ya había sido redondeado a 300 mil por un joven
periodista [8].
Al cabo de un año, ese supuesto estimativo fue refrendado, dando a entender que
provenía de una investigación rigurosa [9].
Para la misma época, el
Guttmacher Institute de Nueva York realizó un estudio en el que encontró que “por cada diez
niños que nacen vivos en Colombia, cuatro han sido abortados” [10].
El país aprendió que “Latinoamérica aborta por montones” y que la transición
demográfica en la región se estaba logrando, básicamente, “gracias al uso generalizado
del aborto inducido”. La sorprendente sugerencia se respaldaba con cifras
contundentes. “Casi tres millones de abortos se provocan todos los años en
cinco países” [11].
Para 1996, la cifra ya estaba
refrendada por Naciones Unidas [12].
El tema pronto dejó de ser exclusividad de la OMS. “Según datos del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, anualmente por lo menos 20 millones de
mujeres se someten a abortos en malas condiciones” [13].
Poco después, la Iglesia redondeó
el número global de abortos eliminando la distinción entre legales y
clandestinos: todos eran condenables [14].
A raíz de la discusión en el
Senado de la reforma al código penal, en 1998, un asesor científico de
Profamilia retomó la cifra mundial de abortos clandestinos en el mundo y
también endosó la local [15].
Eso a pesar de que ya se habían realizado en el país tres encuestas lideradas
por esa entidad, con una muestra representativa de las mujeres colombianas que desafiaban
tales estimativos.
En el 2000, luego de lo que se
consideró la “primera condena por aborto” por parte del Tribunal Superior de
Bogotá, la cifra colombiana se ajustó de nuevo hacia arriba, 350 mil abortos [16].
Un mes después, Gloria Moanack, conocida periodista hizo un balance del
conocimiento sobre la actividad clandestina, señaló las dificultades para
conocer su magnitud, recordó la confusión entre abortos espontáneos e
inducidos, pero dejó abierta la posibilidad de que los últimos fueran muchos
más [17].
Confirmando esa
predicción, un año después, en un artículo sobre el embarazo adolescente, el
fenómeno siguió creciendo: 400 mil [18].
En una entrevista publicada en 2002, Florence Thomas ya habla de medio millón [19].
Mónica Roa, reputada abortóloga, publicó en 2005 un excelente
artículo de divulgación de una investigación del Externado de Colombia sobre
aborto inducido [20] con una
perla que reflejaba la fe ciega en la cifra: si los embarazos anuales eran 1.5
millones y los nacimientos 1.1 millón, la diferencia, “no se puede explicar de
otra manera”: son 400 mil abortos. Para confirmar un apreciado prejuicio,
ignorar las pérdidas espontáneas es un desliz menor [21].
En 2011, el Guttmacher Institute, contradiciendo trabajos
propios anteriores, con metodología y supuestos desfasados [22],
ya lamentables, se las arregló para ratificar que los abortos clandestinos eran
398.700. Recientemente, por donde menos se esperaba llegó la adhesión irracional
a una cifra absurda. Profamilia, la entidad que realiza cada cinco años lo que
se conoce como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS), un trabajo de
campo impecable con muestras altamente representativas, endosó nuevamente el
mito para una campaña publicitaria, a pesar de que su valioso instrumento
–aplicado ya en siete oportunidades- lo contradice tajantemente [23].
Con ese importante
respaldo, la cifra sigue siendo aceptada y reforzada por los analistas más
serios [24].
La inverosimilitud se estiró hace poco aún más: la exagerada cifra no correspondería
a la totalidad de los abortos ilegales sino a los que ocurren bajo las tres
circunstancias excepcionales contempladas por la jurisprudencia para que la
interrupción voluntaria del embarazo (IVE) sea legal [25].
Parecería entonces que los ahora indefectibles
400 mil abortos anuales llegaron a Colombia por regla de tres, como fracción
equivalente a la participación de nuestra población en el millonario total
mundial y fueron ajustados progresivamente al alza. Un indicio, adicional a la
coincidencia en magnitudes, es que antes de los estimativos globales nadie
lanzaba números en los medios y a raíz del despliegue de esa millonada, la proporción
correspondiente al país fue adoptada por periodistas, después por activistas,
hasta convertirse en la coletilla obligada de cualquier referencia al tema.
La versión original del trabajo con los primeros estimativos mundiales
millonarios de la OMS ya no se consigue, pero la sexta reedición tiene una
sección metodológica reveladora, que lleva a pensar en el cuento de García
Márquez [26].
El principal insumo actual para calcular el total de abortos clandestinos en el
mundo son los miles de comentarios y análisis disponibles en internet hechos en
distintos países, no siempre con trabajo de campo, ni con encuestas, sino con
estimativos que, como los de periodistas o activistas en Colombia, tal vez se originaron
en los cálculos fantásticos de los mismos funcionarios con imaginación global
que ahora confirman sus profecías.
Incoherencias con la información disponible
Por la época en que empezó a
abrirse camino la fantástica cifra cercana al medio millón de casos
clandestinos anuales, ya se disponía en el país de un estudio riguroso sobre el
aborto inducido, con encuesta y una muestra respetable. La investigación, hecha
por la Universidad Externado de Colombia, no aventuraba cifras anuales, pero
con algunos cálculos simples queda claro que el estimativo implícito es muy
inferior, unos 130 mil abortos [27],
o sea la tercera parte del número adoptado por medios y expertos. La proporción
de 14.5 abortos por cada 100 nacimientos consignados en esta muestra difiere
sustancialmente de los más de cuarenta supuestos por el Guttmacher Institute e
implícitos en el cálculo de los 400 mil.
Para una fracción más pertinente,
la de los embarazos que terminan en aborto [28],
el citado estudio señala que “12.37% de estos embarazos terminó en aborto
inducido” [29].
Así, en su apresurado estimativo Mónica Roa no sólo olvidó separar los abortos
espontáneos de los inducidos sino que tampoco verificó que la proporción
calculada por ella (27%) no correspondía al porcentaje explícitamente señalado
en el trabajo del Externado. A pesar de estas inconsistencias, no hubo mayor
reparo por parte de los medios en asignar erróneamente la responsabilidad de la
cifra fantástica de abortos clandestinos a los estudios del Externado [30].
Aún sin acudir a esta referencia
técnica, eran evidentes las incoherencias entre los estimativos que se propagaron
y la información disponible en los medios de comunicación que apuntaba, toda, a
magnitudes bien inferiores. El
primer dato relevante era la comparación con el número de abortos per cápita que
se observaban en otros países reconocidos por su alta incidencia de abortos. La
antigua Unión Soviética, por ejemplo, fue considerada por varias décadas a la
cabeza internacional en materia de interrupción de embarazos. Rusia fue el
primer país del mundo en aprobar, en 1920, el aborto totalmente libre. En 1995,
un despacho desde Moscú de una agencia española de noticias señalaba en los
medios colombianos el “récord en abortos” que se observaba allí [31].
Por aquel entonces, la población rusa era unas ocho veces la colombiana [32]
o sea que, en términos per cápita, las colombianas supuestamente estaban
abortando casi lo mismo que las soviéticas, líderes mundiales.
Otro país reconocido por su alta
incidencia de aborto ha sido la China, en buena parte debido a su estricta
política demográfica y la práctica del aborto legalmente aceptada. “Uno de cada
tres embarazos termina en aborto” escribía en 1993 en su investigación sobre el
tema el mismo joven periodista que no se molestó en verificar que esa altísima proporción
era inferior a la que él pregonaba para Colombia unos párrafos antes [33].
La simple comparación de las tasas de aborto per cápita en varios países del
mundo hubiera permitido poner en duda la cifra de los 400 mil abortos que se
imponía progresivamente en el país sin mayor sustento a pesar de que implicaba que
un país mayoritariamente católico como Colombia se encontrara, junto con los
países comunistas, a la cabeza mundial en esa actividad.
Las esporádicas estimaciones del
número de abortos hechas para algunas ciudades colombianas también hubieran
sido suficientes para desafiar el mito unánimemente aceptado. “En Barranquilla,
por ejemplo, se reportaron 1.267 (abortos) en 1992” [35].
Tomando ese dato local como indicador de la incidencia nacional, el guarismo
total sería de 43 mil [36],
una décima parte de lo que se decía.
A finales de los noventa causó
preocupación en los medios el altísimo número de legrados que se hacían en el
Hospital Universitario del Valle (HUV), unos cuatro mil al año [37].
El HUV era la única entidad del sistema de salud de Cali autorizada para
practicar esa intervencións, o sea que se puede suponer que allí llegaban casos
no sólo de la capital del departamento sino de otros municipios. El alarmante número
de abortos atendidos allí, equivaldría a nivel nacional a una cifra entre 40 y
80 mil abortos [38].
En el 2000, un día antes de la
publicación de un informe sobre embarazo adolescente, se reportó el caso de un
colegio distrital de Bogotá en el que “más de 40 niñas entre los 13 y los 17
años están embarazadas” pero ninguna iba a abortar [39].
Este simple relato ofrecía contra evidencia puntual a la arraigada idea de que
la tercera parte de los embarazos, sobre todo de jóvenes, terminan en un aborto,
que habría implicado en este colegio cerca de una docena de interrupciones. Sin
embargo, el redactor retoma sin la menor duda la terca cifra de 400 mil.
Los antros insalubres en donde mueren pocas mujeres
Cualquiera de las incoherencias anteriores es menor si se
compara con la más notoria, la de esa astronómica cifra de abortos
clandestinos, realizados en condiciones de sanidad deplorables, con altísimo riesgo
para la vida y la salud de las mujeres sometidas a la intervención pero,
paralelamente, con un número bastante modesto de muertes producidas por esas
operaciones insalubres al margen de la ley.
El mega guarismo de los abortos mundiales
se divulgó con otra estadística global: decenas, cientos de miles de mujeres
muertas por interrupciones de embarazo clandestinas. “Por lo menos 200.000
mujeres mueren cada año por abortos fallidos” sentenciaba un obstetra en una
publicación de la OMS a principios de los noventa [40].
Oficialmente, la misma organización era más cautelosa. En el reporte de un
grupo técnico reunido en Ginebra en 1992 se reconoció que el número de muertes
por aborto inseguro era difícil de determinar no sólo por la virtual
imposibilidad de saber la incidencia de aborto en mujeres en edad reproductiva
sino porque tampoco era fácil saber con precisión la proporción de casos que
terminaban fatalmente [41].
El mismo informe ofrecía un rango relativamente amplio, 50 a 150 mil decesos
aclarando que la “eventual caída en el número de muertes anuales relacionadas a
los abortos se puede atribuir a prácticas de cuidado del aborto más seguras” [42].
Cuando los estimativos de
mortalidad mundial por abortos empezaron a divulgarse en Colombia la cifra ya
se había ajustado drásticamente a la baja: “70 mil (mujeres) mueren debido a
complicaciones” [43]. La cifra venía respaldada por una de las revistas médicas más
prestigiosas, The Lancet, que estimaba entre 60 y 120 mil las muertes por
prácticas abortivas clandestinas [44].
La información sobre mortalidad
materna venía enmarcada por dos teorías. La primera, bastante difícil de
rebatir, es que los abortos ilegales implican mayor riesgo para la salud de la
mujer. Incluso para esta hipótesis, más que razonable, es posible encontrar
escenarios que la contradicen. Uno, mencionado en el mismo artículo de The
Lancet, es la India, con aborto legal pero carencia de una red sanitaria eficaz
y con abortos en “un medio absolutamente insalubre y sin las medidas
preventivas necesarias” [45].
Otro contraejemplo interesante es el de Chile, en donde en 1989 se derogó la
ley que permitía el aborto terapéutico y, después de la ilegalización, entre
1989 y el 2007, “la mortalidad por aborto se redujo de 13.7 a 1.7 por 100,000
nacidos vivos” [46]. La
información colombiana sobre mortalidad materna ocasionada por abortos también
muestra una caída sostenida desde 264 defunciones en 1983 a 70 en el 2010, un
significativo descenso que se dio bajo un régimen legal esencialmente
prohibitivo [47].
Lo que estas experiencias sugieren
es que la clandestinidad no es condición ni suficiente ni necesaria de alto
riesgo de mortalidad de los abortos, que depende tal vez menos de la ilegalidad
que del cubrimiento y calidad del sistema sanitario. Así empieza a reconocerlo
incluso la OMS. Entre los dos casos extremos de interrupción de embarazo legalmente
aceptada -un aborto farmacológico en el hospital de un país desarrollado y la
introducción de objetos en una consultorio improvisado y no desinfectado de un
país atrasado- hay “todo un
espectro de riesgos, como la auto administración de misoprostol o el uso de
técnicas anticuadas como el legrado, aún por médicos bien entrenados” [48].
Con tal dispersión, sumada a la continua caída en las tasas de mortalidad por
aborto en el mundo, la misma organización internacional admite que sus
definiciones “pragmáticas” –como por ejemplo asimilar a inseguro cualquier
aborto no legal- requieren reajustarse al nuevo contexto [49].
La segunda teoría sobre los
riesgos del aborto clandestino, contra intuitiva, poco creíble y contradictoria
con cualquier evidencia o testimonio, es que el número de abortos es mucho,
muchísimo mayor, en los países en los que la práctica está penalizada [50].
Esta insólita hipótesis se propuso inicialmente con bastante cautela [51]
pero se convirtió en una de las verdades a medias que a fuerza de repetirla se
fue imponiendo. Nunca se hizo el más mínimo esfuerzo por justificar la extraña
teoría, por ejemplo aludiendo al mayor acceso a contraceptivos en los países
desarrollados. Así, quedó flotando la posibilidad de una asociación realmente
bizarra: la clandestinidad actuaría como un incentivo para que las mujeres
aborten y, simultáneamente, para que los médicos ofrezcan ese servicio.
La experiencia española, en donde
el aborto fue informalmente legalizado en el año 1985, contradice la pretensión
de que la ilegalidad se asocia con una mayor incidencia de abortos. En este
caso, casi un experimento controlado, se observa precisamente lo contrario: a
medida que el aborto se percibió legalmente autorizado se fue incrementando su
demanda y generando una oferta para satisfacerla [52].
En Colombia, para la primera mitad de los noventa, la tasa de
mortalidad materna por todas las causas [53],
con una marcada tendencia a la baja, ya era inferior a 10 por cada 100 mil nacimientos
[54].
O sea que los estimativos de las agencias internacionales para la mortalidad
por aborto eran 60% superiores a los que se observaban en el país por esa y
todas las demás causales. El número total de mujeres muertas por un aborto era
apenas superior a 100 [55].
Aunque con altibajos, la participación de los abortos en el total de decesos maternos
también venía disminuyendo. El mito de los 400 mil abortos se impuso ignorando
por completo esa mortalidad cada vez más reducida.
Gráfica 2
La
información sobre el continuo y marcado descenso de las defunciones causadas
por abortos en Colombia no estaba limitada a documentos técnicos a los que poca
gente tenía acceso. En el 2001, el principal diario nacional anunciaba que “las muertes maternas bajaron
el 51 por ciento en Bogotá en los últimos 10 años” [56]
.
La experiencia divulgada en los medios de algunos hospitales
que atendían un gran número de mujeres con complicaciones por abortos
clandestinos se puede utilizar para calcular la relación entre muertes e
interrupciones de embarazo y, por esa vía, tener otro estimativo del total de
abortos en el país. En 1998, el
jefe de la Unidad de gineco-obstetricia del HUV, calculaba que de 4.000 mujeres
que se atendían al año en ese centro por complicaciones de aborto resultaban unas
12 muertes maternas [57]. Con esa
tasa, el total nacional de interrupcciones de embarazo se podía estimar en 50
mil, la octava parte del mito y un número no muy diferente del que se puede
calcular con otros datos disponibles.
Una tragedia peor que el conflicto armado
Por la época en que empezó a imponerse la cifra de los varios
cientos de miles de abortos en Colombia, también llegó del extranjero una tasa
de mortalidad de esas intervenciones que ni siquiera era consistente con el
número de muertes maternas globales que se pregonaban [58].
Si esa proporción se hubiera aplicado a las cifras totales de aborto
clandestino ya consagradas por los medios -20 millones- los estimativos de muertes anuales por
esa causa en el mundo hubieran llegado a la friolera de 3.2 millones. Las
agencias internacionales nunca superaron la barrera de 200 mil y ya habían
estabilizado el estimativo de defunciones maternas por aborto clandestino en 70
mil.
Al multiplicar la tasa pregonada internacionalmente por el
supuesto número de abortos colombianos, igualmente sobre dimensionado, se
llegaba a una cifra de muertes espeluznante que un joven periodista adoptó sin
ningún reparo en su investigación: “con base en los 300.000 mil casos que
revela el Ministerio de Salud, y considerando la estadística de la Unicef, se
establece que alrededor de 45.000 mujeres al año podrían morir en el país
debido a abortos mal practicados”.
En ese entonces, el número de homicidios colombianos no llegaba
a los 28 mil, pero eso no fue suficiente para despertar el escepticismo y sentido
crítico del periodista. Por el contrario, no tuvo inconveniente en anotar que
la cifra calculada para el total de mujeres que podrían estar muriendo en el
país por abortos clandestinos “duplica el número de víctimas que arroja
anualmente la violencia en sus múltiples manifestaciones: guerrilla,
narcotráfico y delincuencia común” [59].
Para un total mundial de 70 mil muertes de mujeres causadas por abortos, la
participación de Colombia superaba la mitad de las que ocurrían en todo el
planeta. Ese despropósito tampoco despertó sospechas del periodista.
La contabilidad de actividades clandestinas
Prácticamente desde sus inicios,
la criminología enfrentó como uno de sus principales problemas medir la
magnitud del fenómeno bajo estudio [60].
En los Estados Unidos, hacia 1930, varios sociólogos señalaron que la
información judicial o de policía era insuficiente para el diagnóstico, pues no
daba información sobre la delincuencia no denunciada, la llamada “cifra negra”
de la criminalidad.
El problema del registro de los
abortos cuando son una práctica ilegal es similar y presenta las mismas
limitantes básicas de las de otros delitos, incluso de forma más acentuada. A
diferencia de casi cualquier crimen en el que la víctima puede tener algún interés
en denunciarlo, en el caso del aborto nadie está inclinado a hacerlo, salvo en
circunstancias excepcionales, como la muerte de la mujer sometida a la
intervención. Como se señaló, son numerosos los testimonios en los que las
partes envueltas en un incidente de aborto manifiestan explícitamente no tener
ningún interés en reportarlo y por eso no queda registrado. Así, la incidencia
de esta conducta se debe estimar a partir de las pocas trazas que quedan, y de
supuestos heroicos para cuantificar la fracción que no deja ningún rastro.
Una de las metodologías
utilizadas para estos estimativos se basa en los casos de abortos clandestinos
que, por complicaciones posteriores a la intervención, llegan al sistema de
salud. El Guttmacher Institute ha propuesto y ha implementado esta metodología
desde hace varias décadas. El supuesto básico es que el personal médico y auxiliar del sistema de salud que
atiende las complicaciones tiene una idea aproximada de los casos que no
requirieron atención postaborto, no llegaron a solicitar sus servicios de apoyo
y por ende no quedaron registrados. Así, al número observado de complicaciones
se le aplica un factor multiplicador, basado en la opinión del personal de
salud que hubiera podido atenderlos pero no lo hizo.
El factor de expansión utilizado
para esta metodología normalmente se asocia, y de manera inversa, con los
riesgos de abortar que, a su vez, dependen de la tecnología predominante para
interrumpir los embarazos. Si el aborto clandestino se hace más seguro, cabe
esperar menos complicaciones, menos casos atendidos por el sistema sanitario
después de la intervención y un multiplicador mayor. Esto es en teoría, pues
también se puede pensar que si la tecnología permite que los médicos no distingan
un aborto inducido de uno espontáneo, y que el cubrimiento de los servicios
sanitarios se ha extendido a la mayoría de la población, las mujeres no tendrán
inconveniente en pedir atención sanitaria incluso después de abortos, por
ejemplo farmacológicos, sin grandes complicaciones. Con el uso del misoprostol,
por ejemplo, se puede pensar que esa se ha vuelto una situación corriente en
Colombia.
Diagrama 1
Hay dos aspectos que no han sido
suficientemente discutidos de esta metodología. El primero es el de los
mecanismos a través de los cuales quienes atienden complicaciones en el sistema
sanitario reciben la información sobre los abortos clandestinos que no
requirieron atención posterior. Como se señaló, lo que muestran un buen número
de testimonios es la férrea voluntad de quienes participan en un aborto de no
dejar ningún rastro. Si una intervención no requiere atención médica posterior,
es difícil imaginar el canal a través del cual esa información puede llegar,
aunque sea como rumor, al sistema sanitario. El personal del sistema de salud
no tiene cómo conocer algo que sólo saben quienes no acuden para atención
hospitalaria.
En el trabajo de campo realizado
por el Externado se señala cómo, ya desde los noventa, existían vasos
comunicantes entre los médicos, enfermeras o farmaceutas que practicaban o
facilitaban los abortos y el sistema de salud, pero que estos iban en una sola
dirección: era usual la recomendadión para que, en caso de complicaciones –como
hemorragias o infección- la mujer se dirigiera a una clínica u hospital para
que la atendieran. Pero comunicación en la otra vía no se entiende bien cómo
podría fluir. Tampoco hay testimonios o historias sobre la mecánica de blanqueo
de esa información clandestina y en extremo confidencial
El segundo aspecto, crucial en el
escepticismo de la criminología con las cifras oficiales de delitos, tiene que
ver con el eventual interés de quienes manejan o recopilan esas cifras por
aumentarlas o disminuírlas a su conveniencia. Tal parece ser el caso del
trabajo realizado por el Guttmacher Institute para su publicación del 2011 con
un estimativo del número de abortos sospechosamente similar al que ya había
sido informalmente adoptado por el activismo y los medios como cifra cuasi
oficial para el país. Luego de señalar que, tras un ambicioso trabajo de campo,
se contabilizaron 93 mil complicaciones por aborto en el sistema sanitario,
aplicando un extraño pero conveniente multiplicador de 4.29 se llegó a la cifra
estimada, precisa, de 398.700 abortos.
Fuera
de opaco, el multiplicador utilizado para ese verdadero hit fue elástico [61].
El escepticismo se afianza con un artículo anterior de la misma institución [62]
donde se planteaba que los riesgos del aborto clandestino se habían reducido
significativamente entre 1976 y 1992 y por lo tanto los abortos que llegaban al
sistema de salud eran una proporción cada vez menor del total. Por eso, se
ajustaba hacia arriba el multiplicador. A partir de 1992, con el avance del
aborto farmacológico, los riesgos siguieron bajando, tal vez aceleradamente. El
multiplicador ha debido seguir creciendo. Extrapolando la tendencia anterior,
su valor actual estaría entre 8 y 9, y el total estimado de abortos con esa
metodología sería casi 800 mil, una magnitud ya impresentable, casi igual al
número de nacimientos. Un experto y preciso 4.29 daba una cifra mejor estimada,
apreciada, esperada. Aunque adoptar un multiplicador tan bajo implicara suponer
que el riesgo de abortar aumentó desde 1986, algo contradictorio con toda la
evidencia disponible, y con el mismo informe. Todas las regiones del país,
incluso Bogotá, presentan en la actualidad, según este trabajo, mayor inseguridad
para abortar que el promedio nacional en 1986. La distribución geográfica tan
homogénea del multiplicador también incomoda. A zonas muy diferentes en cuanto
a incidencia de aborto y acceso a los servicios de salud se aplica un factor de
expansión similar.
Otros
artículos de la misma organización reconocen las limitaciones asociadas al uso
extensivo del misoprostol para estimar el total de abortos a partir de la cifra
de mujeres que acuden al sistema de salud [63].
La ratificación de la mítica cifra por parte de una institución
internacionalmente prestigiosa recibió amplio cubrimiento en la prensa. Otro
dato del mismo trabajo, las 70 muertes anuales por aborto que confirman la
continua caída en el riesgo de esa páctica recibió mucho menos atención.
Los problemas de este estimativo basado
en un multiplicador no se limitan a su extraño y oportuno valor. Las 93 mil
complicaciones también han sido criticadas [64].
La imprecisión más seria es que del total de 115 mil mujeres atendidas por
cualquier forma de aborto, se estimó que 22 mil correspondieron a pérdidas
espontáneas, calculadas a partir de la proporción de mujeres con aborto
espontáneo entre quienes dan a luz en una IPS [65].
Estos cálculos equivalen a suponer que en Colombia, por cada mujer que se
hospitaliza por aborto espontáneo, hay más de cuatro que lo hacen por aborto
inducido, una relación que contradice la evidencia de varios países incluyendo
a Colombia [66].
No sólo los de Colombia son los
estimativos de abortos hechos por el Guttmacher Institute que despiertan serios
interrogantes. En algunos países se ha podido constatar que estaban
abiertamente sobre estimados. Para el año 2006, esta organización calculaba que
en México ocurrían cada año 879 mil abortos de los cuales 165 mil en la capital
[67].
El aborto fue legalizado en México D.F. en 2007. Después de esta
despenalización, entre Abril de ese año y Septiembre de 2011, se practicaron en
esa misma ciudad un total de 67 mil Interrupciones Legales de Embarazo (ILE), o
sea un poco más de 15 mil al año, menos de la décima parte de los estimados por
Guttmacher para esa misma ciudad. La sobreestimación de los casos mexicanos,
esta vez verificada, es similar a la colombiana.
Para el Uruguay, no parecen existir
estimativos aislados del número de abortos por parte de Guttmacher. Pero
aplicando la tasa que adoptan para América Latina, de 33 abortos por cada 1000
mujeres entre 15 y 44 años [68],
se tendría un estimativo para este país cercano a 23 mil [69].
A finales de 2012 se comenzó a aplicar en ese país la despenalización de los
abortos que se realicen antes de las 12 semanas de gestación. En 2013, primer
año de vigencia de la ley, se realizaron menos de 7 mil interrupciones de
embarazo [70],
o sea casi la tercera parte de las estimadas con los parámetros de Guttmacher.
El número de abortos en las Encuestas de Demografía y Salud
Una
opción para estimar la magnitud de una actividad clandestina, usual en
criminología, son las encuestas representativas de la población en las que se
pregunta por la experiencia de haber sido víctima de un incidente criminal,
información que normalmente va acompañada de la pregunta si el asunto fue
puesto en conocimiento de las autoridades. Aunque menos extendidas, también son
corrientes en varios países las encuestas confidenciales y anónimas, conocidas
como de auto reporte, hechas a un grupo de infractores –por lo general jóvenes-
en las que se indaga por el tipo y la cantidad de delitos que han cometido y se
comparan sus respuestas con las de un grupo de control.
Para un
incidente como el aborto, el instrumento de medición pertinente se asemejaría
más a las encuestas de auto reporte. Fue precisamente eso lo que se hizo para
el estudio del Externado, con una encuesta anónima [71]
cuya principal pregunta era “se ha practicado o se ha mandado practicar alguna
vez un aborto?”. Con esta redacción se eliminó la eventual confusión entre los
abortos inducidos y los espontáneos.
Otra
fuente disponible de información directa sobre los abortos, recogida
directamente de las mujeres con esa experiencia, son las distintas versiones de
lo que se conoce en la actualidad como la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) que contiene
una pregunta sobre aborto en todas las versiones hechas periódicamente, cada
quinquenio, desde 1990. Hay tres diferencias esenciales entre estas encuestas y
la del estudio del Externado que hacen prácticamente imposible comparar los
resultados de unas y otra. La principal discrepancia es que en las ENDS la
pregunta sobre aborto se respondió ante una tercera persona y no de manera
secreta. Es más que razonable pensar que una conducta que no se quiere divulgar
ni siquiera a los círculos más íntimos, también provocará reticencias ante alguien
desconocido. Lo mismo puede decirse si se trata de una experiencia que se
quiere superar y olvidar rápidamente.
La
segunda diferencia está relacionada con el número de preguntas y la extensión
del formulario, que en las ENDS son muy superiores y cubren muchos más apectos
de la vida de la mujer. Se puede conjeturar que el no estar centrada en el
aborto puede ser un factor adicional de subregistro de las encuestas, puesto
que distrae y facilita evadir la pregunta, necesariamente incómoda, sobre una
conducta ilegal.
La
tercera disimilitud, tal vez más fácil de resolver, es que las primeras ENDS,
de 1990 al 2000, mezclaban en la misma pregunta los abortos inducidos con las
pérdidas espontáneas: “tuvo alguna vez un embarazo en el cual tuvo pérdida, abortó
o terminó en un nacido muerto?” con una opción única de respuesta sí o no. A
partir de 2005, aunque la pregunta es la misma ya se abre la posibilidad de
respuesta a las opciones de pérdida, interrupción/aborto, embarazo extrauterino
o muerte fetal intrauterina.
Por las
razones anteriores no pareció prudente hacer una comparación entre los
resultados de la encuesta realizada para el estudio del Externado en 1992 y las
distintas versiones de la ENDS que sí tienen una metodología homogénea y se
adecúan más al ejercicio de análisis entre distintos períodos. El único
comentario que se puede hacer con seguridad es que, por las razones expuestas,
la encuesta realizada por el Externado presentaría un subregistro menor de la
incidencia del aborto inducido en Colombia.
En las
encuestas de victimización una pregunta extremadamente útil para conocer la
proporción de incidentes ocurridos que llegaron a conocimiento de las
autoridades es la que se hace a quienes fueron víctimas de un ataque criminal
sobre si pusieron la respectiva denuncia. De manera similar, para tener un
punto de comparación entre la información de las encuestas sobre abortos y los
registros en el sistema de salud de las mujeres que solicitaron atención médica
por complicaciones, hubiera sido deseable indagar si la mujer que reporta haber
tenido un aborto acudió posteriormente a solicitar servicios sanitarios.
Desafortunadamente, ninguna de las ENDS ni la encuesta del Externado incluyeron
esa pregunta. Esa información hubiese permitido evaluar qué tan adecuado es el
multiplicador utilizado en la metodología de Guttmacher.
La
información más directa que se obtiene de las ENDS en los distintos años es el
porcentaje de mujeres que alguna vez han tenido una interrupción de embarazo,
incluyendo tanto pérdidas espontáneas como abortos inducidos.
Gráfica 3
Se observa un importante aumento -del 15% en 1990 al 18% en 2000-
seguido de una estabilización hasta el 2010. Al descomponer este porcentaje
entre las mujeres que reportan haber tenido interrupción de embarazo (IE) una
sola vez y aquellas que tienen más de una experiencia, se constata que la
estabilización en la segunda mitad del período corresponde a un crecimiento
similar al de la primera mitad del período para quienes reportan una sola IE
acompañado con un descenso del 4% al 2% del porcentaje de mujeres con más de
una.
Para utilizar estos porcentajes en la estimación del número anual de
abortos en el país es necesario hacer algunos supuestos que se resumen en el
siguiente cuadro.
CUADRO 1
Para cada encuesta se tiene el número total de mujeres en la muestra y
aquellas que han tenido una interrupción de embarazo (IE). Se sabe, además,
cuantas de ellas han tenido una IE Única (IEU) y cuantas más de una IE (IEMU).
Del trabajo del Externado se puede tomar el número de abortos que han tenido
aquellas mujeres que reportan más de uno [72]
para de esta manera calcular la proporción de IEU e IEMU en el total de
nacimientos reportados por las mujeres de cada encuesta. Si ese porcentaje se
aplica al total de nacimientos ocurridos en el país en cada año se obtiene el
total para el país desagregado entre IE únicas y múltiples.
Así, el número total de interrupciones de embarazo –espontáneas más
inducidas- que se deriva de las ENDS es apenas superior a 100 mil. Si se tiene
en cuenta la información de las encuestas del 2005 y el 2010, de acuerdo con las
cuales más de la mitad (55%) de las interrupciones corresponden a pérdidas y
sólo el 30% a abortos [73]
se tendría que actualmente el número total de interrupciones voluntarias de
embarazo estaría entre 30 y 40 mil anuales. Esta cifra es diez veces inferior a
los tradicionales 400 mil abortos que se impusieron progresivamente en la
prensa, sin ninguna evidencia sólida en el país.
No sobra destacar que el orden de magnitud de estos estimativos es muy
similar al que se obtiene de otras fuentes totalmente diferentes, como son los
abortos practicados hace unos años en el HUV de Cali o los estimados para
Barranquilla. También se acerca bastante al cálculo basado en las únicas cifras
oficiales relativamente confiables sobre el fenómeno, las de mortalidad
materna.
Gráfica 4
Vale la pena anotar que el número total de interrupciones de embarazo
reportadas en las ENDS de 2005 y 2010 es del mismo orden de magnitud de las complicaciones
obtenidas por Guttmacher a través de la encuesta a personal del sistema sanitario
colombiano (93 mil) y utilizadas para ratificar los 400 mil abortos aplicando
un multiplicador bastante arbitrario y contradictorio con trabajos anteriores [74].
Teniendo en cuenta el testimonio, relativamente estándar, de los médicos que al
atender a una mujer que viene para atención postaborto es casi imposible
diferenciar entre la interrupción espontánea o inducida, dificultad que con la
extensión de las técnicas farmacológicas se ha agudizado, se puede pensar en un
escenario en el que la utilidad y el sentido original del multiplicador han
cambiado radicalmente. Ya no parecería tan extraña la situación, no considerada
factible en esa metodología, de un aborto practicado por fuera del sistema de
salud o, de manera creciente, en el domicilio de la mujer y que, a pesar de su
bajo riesgo, se da con una solicitud posterior de atención médica.
En el estudio del Externado se encontró que de cada 100 embarazos, 82%
resultaban en nacimientos, 12% en abortos inducidos y 6% espontáneos [75].
O sea que, a principios de los noventa, por cada pérdida se observaban dos
interrupciones voluntarias. Doce años más tarde, en la ENDS del 2005, la
proporción ya casi se había invertido pues para 30 abortos voluntarios
reportados por las mujeres se hacía referencia a 55 espontáneos. Parecería que
la distinción entre una interrupción inducida y una espontánea es cada vez más
difusa o, dicho en otros términos, que podría haber una tendencia creciente a
calificar de natural un aborto que se decide. Esta confusión, y la consecuente
dificultad para distinguir unos de otros podría haberse extendido a las
respuestas de las encuestas a las mujeres. La línea porosa que separa los
abortos de las pérdidas se ha visto facilitada por la mayor disponibilidad de
productos farmacológicos que casi “simulan” una hemorragia espontánea.
Los estimativos inferiores a los 50 mil abortos anuales que resultan de
las ENDS sin la menor duda subestiman los que realmente ocurren, principalmente
por las dos razones mencionadas atrás: estas encuestas no fueron diligenciadas
de manera anónima por lo que, al existir cierta reticencia para aceptar que se
ha incurrido en una conducta ilegal, algunas mujeres pueden optar por no
reportarlo. También es probable que la extensión de los formularios y el hecho
que se aborden otros temas facilite la inclinación a no mencionar los abortos. La
manifestación más obvia de este subregistro es la mayor proporción de mujeres
que en la encuesta corta y secreta del Externado aceptaron en 1992 haber
abortado alguna vez (22.9%) contra las que en las ENDS de años cercanos
reportan haber tenido interrupciones de embarazo (15% en 1990 y 19% en 1995).
Incluso sin esta comparación que hace evidente el subregistro, existen,
dentro de las mismas ENDS algunos síntomas del mismo fenómeno. En efecto, una pregunta que se les ha
hecho a las mujeres que reconocen haber abortado alguna vez se refiere a la
fecha en la que ocurrió en incidente. En principio, si el reporte fuera
totalmente fidedigno, con esta pregunta se podría tener un buen indicativo del
número de abortos ocurridos en cada uno de los años anteriores. La realidad es
que el perfil en el tiempo de las interrupciones anuales de embarazo según el
recuerdo de las mujeres que respondieron las disintas etapas de la encuesta es
bien peculiar y tiende a concentrarse en los períodos más recientes, de tal
manera que los abortos parecerían haber crecido muchísimo justo antes de cada
una de las encuestas.
Gráfica 5
Dos cosas quedan claras de esta información. La primera es que la
subestimación de los abortos reportados aumenta con el tiempo: de acuerdo con
todas las encuestas, varios años antes de cada versión parecería haber muchos
menos abortos de los reportados en la encuesta realizada entonces. Aunque una
parte de ese menor valor se podría explicar por las mujeres que, por su mayor
edad, ya dejan de ser tenidas en cuenta en las encuestas, es evidente el
creciente “factor olvido” de los abortos con el paso de los años. El otro
aspecto es que los datos referidos a períodos más recientes, por ejemplo, el
año anterior o el último quinquenio antes de la encuesta, muestran entre sí un
patrón similar al obtenido con los datos globales: dos períodos relativamente
estables 1990-1995 y 2000-2010 separados por un marcado incremento entre 1995 y
2000.
Una manera de tratar de corregir parcialmente el subregistro en cada una
de las encuestas es reemplazando el promedio anual de abortos reportado en
ellas tanto por el número del año inmediatamente anterior a la encuesta –para
obtener así un estimativo máximo del número de abortos- como por el promedio del
quinquenio anterior suponiendo que este es un valor medio. El número total de abortos efectivamente
reportado en cada encuesta se tomaría como el mínimo del rango de valores
probables.
Gráfica 6
Lo que este ejercicio muestra es que el período con mayor incertidumbre
sobre el número total de abortos inducidos fue la primera mitad de la última
década, con un total entre 100 y 200 mil Interrupciones de Embarazo anuales.
Un supuesto conservador es que en la actualidad se reportan como
pérdidas espontáneas algunos abortos y que la verdadera participación de unas y
otros es –tal como se observó hace más de dos décadas en el estudio del
Externado- de 66% de contra 33% de los segundos. Si después de compensar el “factor
olvido” o reticencia a reportar que se incrementa con el tiempo, se considera
un nuevo correctivo a la proprocón entre interrupciones voluntarias y pérdidas,
se tendría un estimativo para el total de abortos anuales comprendido entre un
mínimo de 75 mil y un máximo de 114 mil, con un valor medio de 90 mil. O sea menos
de la cuarta parte de la pertinaz cifra de 400 mil para la que simplemente, no existe
ninguna evidencia que permita corroborarla.
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[3] ET (1998a)
[4] Ladipo (1990) p. 20
[5] WHO (1970) p. 33
[6] WHO (1992) p. 6
[7] ET (1992)
[8] Santos Rubino (1993)
[9] ET (1994b)
[10] Ibid.
[11] Colombia, Chile, México,
República Dominicana y Perú. ET (1994a)
[12] Reuter (1996)
[13] ET (1996b)
[14] “Cada año se practican en el
mundo unos 50 millones de abortos, aseguró ayer en Roma el cardenal Alfonso
López Trujillo, presidente del Pontificio Consejo para la Familia” Efe (1996)
[15] ET (1998b)
[16] ET (2000a)
[17] Moanack (2000)
[18] ET (2001b)
[19] Celis (2002)
[20] Zamudio et. al. (1999) los
principales resultados de esta estudio se resumen más adelante
[21] Roa (2005)
[22] Este trabajo de Guttmacher
se discute en detalle más adelante
[23] La última sección de este
doumento está dedicada a los estimativos del número de abortos a partir de las
distintas versiones de la ENDS
[24] García Villegas (2015)
[25] Ruiz-Navarro (2015)
[26] WHO (2008) p. 39
[27] En una muestra de un poco más
de treinta mil mujeres se reportaron abortos por un total ligeramente inferior
a diez mil y, por otro lado, cerca de 67 mil nacimientos, o sea 14.5 abortos
por cada cien hijos nacidos vivos. Suponiendo que esa fracción, acumulada y
retrospectiva, sirve para estimar el número de incidentes ocurridos en un año,
para el total anual de nacimientos observados en el país en esa época, 900 mil,
por regla de tres se pueden calcular los 130 mil
[28] “Una medida de la intensidad
del fenómeno es la tasa de abortos por cada cien embarazos. Esta medida es
mucho más fina porque no contiene los sesgos que introduce la mayor o menor
exposición al riesgo de embarazo”. Zamudio et. al. p. 40
[29] Zamudio et.al. (1999) p.40
[30] ET (2000b)
[31] Efe (1995)
[32] 290 millones de habitantes
contra 37.
[33] Santos Rubino (1993)
[34] Datos tomados de http://www.infoplease.com/ipa/A0004397.html. Para Francia, España y
China de Wilkipedia.
[35] Según el Departamento
Administrativo de Salud (Dasalud). Santos Rubino (1993)
[36] Ese año, la población de la
capital del Atlántico era un poco menos del 3% de la del total del país. https://en.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
[37] ET (1998c)
[38] La participación de la
población del Valle en el total nacional era del 10% en 1995 y la de Cali el
5%. Escobar y Collazos (2007)
[39] ET (2000c)
[40] Ladipo (1990)
[41] WHO (1992) p. 6
[42] Ibid. p. 7
[43] ET (1996b)
[44] Efe (1996a). Aunque no he
podido identificar el artículo de The Lancet al que hace referencia el despacho
de prensa, se puede sospechar que estaba escrito por investigadores del
Guttmacher Institute y de la OMS, que después publicaron sobre el mismo tema en
esa presitigiosa revista. Ver Sedgh et. al. (2008). Es conveniente señalar que
la credibilidad de Guttmacher era y sigue siendo muy alta en los EEUU, país en
donde sus estadísticas se basan en fuentes confiables y verificables. Para
otros países las críticas a su metodología y sus audaces y contradictorios
supuestos son recientes. Ver Crouse (2008)
[45] Efe (1996a).
[46] Koch et. al. (2012)
[47] DNP (1999). La cifra del
2010 es de Prada et. al. (2011)
[48] Ganatra et. al. 2008
[49] Ibid.
[50] Los estimativos de
Guttmacher para regiones en donde el aborto está penalizado como América del
Sur y Africa oriental son de 33 y 39 abortos por cada mil mujeres, mientras que
en Europa occidental, con la práctica legalizada, la cifra observada es tan
sólo 12. Singh et. al 2009, Gráfica 3.3, p. 19
[51] “Los expertos calculan que
esta cifra, muy superior a la de los países desarrollados, está directamente
relacionada con la legalidad del procedimiento, aunque indicaron que esto no es
una garantía”. Reuter (1996)
[52] En el año 1987, dos años
después de aprobada la ley que lo despenalizó en tres circunstancias
excepcionales, pero a las cuales se les fue encontrando un acomodo, se
registraron en la península un poco menos de 17 mil abortos. En los años
siguientes se observaron pequeños incrementos anuales que se estabilizaron
durante los noventa. Desde el año 2000 el crecimiento fue sostenido hasta
alcanzar un máximo de 118 mil en 2011, un año después de que se cambió el
sistema de prohibición con restricciones a un sistema de plazos. Koch et. al (2012). El sistema de
causas o excepciones que hubo en España entre 1985 y 2010 fue sistemáticamente
burlado por parte de las clínicas especializadas que suministraban los
certificados de que la mujer vería afectada su salud mental si no abortaba.
Rubio (2015)
[53] Fuera de abortos, toxemias,
hemorragias, complicaciones de trabajo y parto, perperio y otras. DNP (1999)
[54] DNP (1999) Cuadro 8 p. 20
[55] Para el quinquenio
1990-1995, el promedio fue de 154 llegando para el último año a 119.
[56] Según la Secretaría
Distrital de Salud, esa disminución podía estar relacionada con el descenso del
número de abortos inducidos en la ciudad. ET (2001a)
[57] ET (1998c)
[58] “Según estudios realizados por la Unicef, 17 de cada cien
mujeres que recurren a esta práctica clandestina mueren debido a las precarias
condiciones en las cuales se lleva a cabo este método” Santos Rubino (1993)
[59] Ibid.
[60] Ver Rubio (2008)
[61] Un año antes, el mismo
Guttmacher mencionaba para
Colombia, con el mismo trabajo de campo del 2008, un multiplicador de 4.12. Singh,
Prada & Juarez (2010)
[62] Firmado por una de las
autoras del informe, que sugería para Colombia un multiplicador de 5.5,
reajustado desde un valor de 3.5 años atrás, “por los adelantos en
disponibilidad de servicios seguros”. Singh y Sedgh (1997)
[63] Para los nuevos tiempos se
recomiendan tres metodologías alternativas, ninguna de las cuales se aplicó
para la apresurada ratificación de los 400 mil abortos en el 2011, a pesar de
que el informe reconoce que el misoprostol ya se usa en la mitad de los abortos
colombianos. Wilson, Garcia & Lara (2010)
[64] Este número se estimó con
una encuesta de opinión a 289 personas de instituciones de salud colombianas.
Una primera inquietud surge de la representatividad de esa muestra. “Los
autores no mencionan la probabilidad de prestar servicios postaborto de las
instituciones, ni tampoco las razones que justifican las proporciones de una
primera elección… y luego la sucesiva exclusión que finaliza en el número de
289 instituciones seleccionadas. La representatividad de la muestra es por
tanto desconocida y parece mejor ajustada a un muestreo por conveniencia”. La
segunda objeción tiene que ver con el número de complicaciones que, en una
muestra no aleatoria, no se basaron en registros. Koch et. al p.363
[65] Ibid.
[66] Más adelante se señalan
estimativos para esta relación.
[67] GI (2008)
[68] Singh et. al (2009)
[69] Datos de población por sexo
y edades tomados de INE, http://www.ine.gub.uy/web/guest/censos-2011
[70]
http://www.lanacion.com.ar/1780144-uruguay-el-numero-de-abortos-legales-aumento-un-20-por-ciento-en-2014
[71] En el cuestionario se
especifica que es “de autodiligenciamiento secreto y consignación reservada” . La
mujer lo respondía por sí misma y luego lo depositaba en un sobre sin que nadie
pudiera enterarse de sus respuestas. Por esta razón del autodiligenciamiento,
el número de preguntas es muy reducido -tanto que el formulario es de una sola
página- y se cubren muy pocos aspectos diferentes a la fecundidad y las
interrupciones de embarazo. Zamudio et. al. (1999) Anexo
[72] Aquí es necesario suponer
que el número de interrupciones de embarazo de quienes han tenido más de una es
similar al número de abortos de la repitentes.
[73] Ver parte inferior derecha
de la Gráfica 4
[74] Prada et. al. (2011)
[75] Zamudio et. al. Cuadro Nº 18
p. 41
